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Con un amparo en la mano, el Grupo Danhos (se pronuncia daños), se prepara para levantar una torre de 25 pisos en un terreno a una cuadra del Periférico y junto al Bosque de Chapultepec en una zona con vialidades estrechas y ya congestionadas. Se calcula que atraerá a unas 7 mil personas diarias. La entrada y salida de los 2 mil 83 lugares de estacionamiento planeados, cuatro entradas por una cerrada y la salida por una estrecha calle llevará al colapso de esta conflictiva zona. Sería interesante ver si alguno de los estudios presentados alega que no habrá tal colapso, pues si lo dicen no hay que creerle a ningún otro estudio presentado. El Grupo Danhos es el mismo que quería hacer la Torre Bicentenario en ese predio usando el subsuelo del Bosque de Chapultepec.
Las autoridades dicen que ahora es legal y nada pueden hacer contra el amparo. El Grupo Danhos tiene una sentencia de un juez emitida en 2006 que les permite evitar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo de 1997 a partir de un vicio formal: la no promulgación de éste. Pero lo legal no necesariamente es honesto y en este caso no es justo. La autoridad debe cumplir la ley, pero debe, a la par, defender el interés general, algo que en toda la sentencia no se menciona ni una vez.
Un amparo como el que exhiben, que sirve para evitar estar sujetos a la ley en ese predio, vale una fortuna y se reflejó en el precio del terreno cuando los dueños originales y promotores del amparo lo vendieron al actual desarrollador. Es, sin embargo, imposible saber si costó una fortuna. Esos actos delictivos, cuando los hay, no suelen dejar rastro, lo que deja rastro es el enorme daño que generan.
Lo que sí sabemos es que si todos tuvieran un amparo similar, la ciudad sería un caos peor que el actual. Cada quien construiría a su libre albedrío. Pero el amparo sólo protege al quejoso. Al resto nos toca la ley. Esto hace posible el negocio de hacer una torre de 25 pisos. Si otros, amparo en mano, lo hubieran hecho antes o lo pudieran hacer en el futuro, esta nueva torre no tendría como vecinos casas o edificios pequeños que no le quitan luz ni bloquean el paso, sino otras torres que ya habrían paralizado la zona.
El amparo, presumido como la gran invención de México en la materia, surgió para evitar el uso arbitrario del poder público. Tristemente se ha convertido, en muchos casos, en la patente de corso para actuar arbitrariamente. A su amparo, se hacen grandes fortunas, en este caso inmobiliarias, pero dejan a su paso una estela de injusticia y abuso y un deterioro del nivel de vida. Sin embargo, para los afectados es complicado ampararse, entre otras razones, por no ser una empresa con recursos, sino un conjunto de vecinos mal organizados.
El actual desarrollador también ganó un amparo en mayo del 2010 en contra de la catalogación del edificio de Vladimir Kaspé como inmueble protegido. El que fuera un inmueble protegido, junto con la movilización ciudadana encabezada por la entonces jefa delegacional Gabriela Cuevas (en el cargo de 2006 a 2009), frenó en su intento anterior a los desarrolladores del predio. Ahora tienen el amparo para demoler la obra arquitectónica antes protegida, pero, para evitar problemas, decidieron aprovechar la vacación, incluso habiendo prometido esperarse a que ésta terminara. En enero le presentaron a la ciudadanía un hecho consumado. El edificio de Kaspé ya no existe. Ahora hay una hermosa vista del bosque de Chapultepec, la cual se apropiarán muy pronto con su torre.
Una democracia requiere ciudadanos intolerantes ante un acto arbitrario como éste. Aceptar la torre es permitir una piedra más en el deterioro urbano y dejar una prueba del abuso, y muchas veces corrupción, de las que está plagada la ciudad donde emergen edificios fuera de norma por todos lados. Las ciudades que admiramos no permitirían un edificio así cerca de un parque como Chapultepec y sin salidas claras a los vehículos que atraerán.
No se trata de oponerse a todo. La Supervía Poniente, las líneas de Metrobús, el segundo piso del Periférico, que pasará, aunque subterráneo, a unos metros de la susodicha torre, son justificados por los beneficios a un público amplio, aunque pueden tener costos altos para un grupo pequeño. Pero en este caso no es un bien público lo que se va a construir. Es una obra privada, de beneficio privado y que daña a terceros, no es parte de un plan urbano local y viola los reglamentos generales de la zona. Opinión, p. 13
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