28 Octubre, 2010 - 20:33
CREDITO:
Gabriel Quadri de la Torre
La ciudad se ha fragmentado en pequeños feudos políticos (las delegaciones) con gobiernos de breve permanencia y sin continuidad que remedan una vida municipal castrante y desnaturalizada.
La ciudad de México ha sido sólo tangencialmente afectada por la necrosis criminal que se extiende por el país. Es posible que este privilegio se relacione con el mando único policiaco en el Distrito Federal, aunque puede atribuirse también a la alta densidad institucional pública y privada de la Ciudad de México. Es decir, hay menos espacios vulnerables y vacíos susceptibles (comparativamente a otras entidades federativas) de ser llenados por el crimen organizado.
Sin embargo, hay en ese entramado institucional numerosos elementos y rasgos que hoy lastran su gobernanza. Algunos de ellos son tal vez inherentes a toda democracia y a sus procesos deliberativos y de pesos y contrapesos, pero la mayoría es resultado de una viscosa argamasa de intereses corporativos, partidarios y de control electoral que se ha conformado en los últimos lustros.
Se han hecho desaparecer antiguas entidades técnicas especializadas en transporte y proyectos urbanos como Covitur y Servimet. Decisiones que debieran asumirse sobre una base estrictamente técnica, ahora radican en un cuerpo colegiado faccioso (la Asamblea Legislativa), que recluta no a los mejores, sino a personajes con frecuencia infames e impresentables, extraídos de las peores filas clientelares y corporativas de los partidos políticos. Propende a una legorragia inútil ajena a los temas sustantivos de la ciudad, en muchas ocasiones técnicamente incoherente e inaplicable (bolsas de plástico, establecimientos mercantiles, tránsito, publicidad exterior, protección a no fumadores… etcétera).
Peor, la ciudad se ha fragmentado en pequeños feudos políticos (las delegaciones) con gobiernos de breve permanencia y sin continuidad que remedan una vida municipal castrante y desnaturalizada.
La descentralización ha alentando a los intereses partidarios más burdos y de corto plazo, y hecho que en las delegaciones se renuncie a las responsabilidades elementales de intendencia propias de cualquier administración urbana (aseo, pavimentos, alumbrado, imagen y mobiliario urbano, parques y jardines, vía pública). Los presupuestos se aplican en el cultivo de clientelas, o de plano no se ejercen por desinterés e incapacidad. Así se multiplican los baches, la basura, el grafiti, y la apropiación por el ambulantaje de calles, plazas, jardines, estaciones del Metro, paraderos, bajo-puentes, e inmediaciones de hospitales. Hay un deterioro inexorable del espacio público. Se llega al extremo, como la delegación Cuauhtémoc, de sabotear los proyectos urbanos emprendidos por la administración central, para mantener y extender redes de vendedores ambulantes de donde se obtienen jugosos tributos y apoyos clientelares. Tal experiencia es patente en los proyectos de Plaza de la República, Madero, Garibaldi, Alameda Central, y en general en los esfuerzos de recuperación del Centro Histórico.
Servicios públicos clave, como el Metro y el Sistema de Aguas, se mantienen férreamente dentro de sórdidas estructuras burocráticas y sindicales, que impiden una gestión eficiente y sostenible e impacta en las finanzas del Distrito Federal. Se carece de organismos operadores autónomos, con Gobierno Corporativo y rendición de cuentas, participación de usuarios, y autosuficiencia financiera.
La construcción, renovación y reciclaje de edificaciones es la esencia de las capacidades adaptativas de la ciudad, de su economía y funcionalidad. No obstante, las autorizaciones para ello han caído en una trampa absurda de dispersión de responsabilidades, lo que exacerba costos, impide el redesarrollo, oscurece la participación social genuina, e induce la corrupción. Procedimientos de autorización que hace un par de décadas dependían de un solo interlocutor u operador administrativo, hoy están dispersos en una babel burocrática, donde las decisiones implican a tres secretarías, al Sistema de Aguas, a los jefes delegacionales, e incluso a la Asamblea Legislativa.
El Distrito Federal exige una profunda reforma institucional, por ejemplo, capaz de re-centralizar y/o regular centralmente atribuciones delegacionales, y reponer unidad y coherencia en la gestión de la metrópolis; recuperar para el gobierno central facultades técnicas vitales hoy conculcadas por la Asamblea Legislativa; restablecer órganos técnicos especializados de planeación y construcción de infraestructuras; convertir en empresas autónomas al Metro y al Sistema de Aguas; y, crear órganos eficaces de intendencia y gestión del espacio público, y de gobernación de áreas vitales como el Centro Histórico y la zona de conservación ecológica.
